El Gobierno de Francia anunció restricciones nocturnas en distintas localidades para contener la ola de violencia que comenzó durante las protestas contra el alto costo de la vida y que dejó comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos dañados.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que se aplicarían toques de queda parciales, aunque descartó declarar el estado de emergencia. Las autoridades comenzaron a establecer medidas específicas en ciudades como Marsella y Denain para limitar nuevos incidentes.
El presidente Emmanuel Macron reconoció fallas en la respuesta policial y pidió modificar las estrategias de seguridad para frenar los saqueos y los enfrentamientos. Según las cifras difundidas por las autoridades, las manifestaciones dejaron más de 2,500 detenidos y alrededor de 1,000 agentes heridos.
El Ejecutivo también reportó que al menos 3,000 establecimientos comerciales resultaron afectados. Ante las pérdidas económicas, anunció medidas de desempleo parcial y la creación de un fondo de apoyo para los comerciantes perjudicados.
Las protestas también han generado tensiones políticas. Sectores de la oposición cuestionaron la gestión gubernamental, mientras organizaciones sociales y estudiantiles mantienen sus movilizaciones y preparan nuevas convocatorias.
La situación ha despertado preocupación en otros países europeos, que recomendaron precaución ante la posibilidad de nuevos disturbios. Al mismo tiempo, el Gobierno francés enfrenta presiones por la situación económica y el plan de ajuste fiscal previsto para 2027.