La parte querellante de un proceso por una presunta administración fraudulenta de $1.28 millones pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar las gestiones para extraditar desde Guatemala a tres personas requeridas por la justicia salvadoreña.
Los señalados son Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, quienes enfrentan un proceso ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.
La solicitud fue presentada por el abogado José Oswaldo Domínguez Cuéllar, en representación de las sociedades Maintenance & Services, S. A. de C. V., y Tierras Nacionales, Limitada de Capital Variable. El escrito fue recibido por la FGR el 26 de agosto de 2026.
Según la querella, las diligencias de extradición habían quedado pendientes debido a procedimientos judiciales en Guatemala que, de acuerdo con la representación legal, ya concluyeron. Por ello, se pidió a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía reactivar el trámite.
El caso se relaciona con presuntos desembolsos irregulares realizados entre 2016 y 2020, por un total de $1,284,274.39, que habrían sido registrados como viáticos y comisiones sin contar con los respaldos correspondientes.
La Fiscalía acusó a siete personas por su presunta participación en las operaciones investigadas. En mayo de 2026, el Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la detención provisional de Berger, Umaña y Echeverría luego de que no acudieran a una audiencia especial de revisión de medidas.
Mientras se busca reactivar la extradición, en Guatemala una audiencia relacionada con el proceso fue reprogramada del 5 de octubre de 2026 al 18 de enero de 2027, después de que la defensa de Echeverría presentara una excusa médica.
La parte querellante también señala que existe un recurso de amparo promovido en Guatemala contra el área internacional del Ministerio Público, con el objetivo de cuestionar las diligencias relacionadas con las capturas y extradiciones. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una resolución que confirme que dicha acción haya suspendido el proceso.
Por ahora, la solicitud de la querella busca que la Fiscalía salvadoreña retome las gestiones de extradición para que los tres acusados puedan comparecer ante el tribunal que los requiere en El Salvador.