La Asamblea Legislativa aprobó un régimen especial para facilitar el desarrollo de proyectos nacionales relacionados con inteligencia artificial (IA), robótica y otras tecnologías, iniciativas que fueron declaradas de prioridad nacional y utilidad pública.
La normativa establece reglas específicas para las adquisiciones y contrataciones vinculadas con proyectos impulsados por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
El marco incluye iniciativas de investigación, entrenamiento y desarrollo de soluciones de IA y robótica, además de infraestructura tecnológica como centros de datos, sistemas de cómputo, energía, refrigeración e interconexión.
Las disposiciones permiten recurrir a contrataciones directas en determinados casos, entre ellos cuando se necesiten servicios especializados que no estén disponibles en el país, exista un único proveedor o se requiera la participación de expertos cuya experiencia, disponibilidad o confidencialidad haga inviable un proceso competitivo.
Para estas contrataciones deberá documentarse la idoneidad del proveedor, su capacidad técnica y la razonabilidad del precio.
La ley también faculta al director ejecutivo de la ANIA para determinar, mediante resolución fundamentada, qué iniciativas serán reconocidas oficialmente como “Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y Tecnologías Similares”.
Como parte de su estrategia tecnológica, el Gobierno ha planteado que la inteligencia artificial contribuya de manera directa e indirecta con el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador para 2031.