El Ministerio Público de Guatemala removió de su cargo a la fiscal Leonor Morales, quien en 2023 solicitó dejar sin efecto las elecciones presidenciales celebradas ese año al señalar presuntas anomalías en las actas electorales.
Morales, quien entonces dirigía una unidad especializada en delitos contra funcionarios judiciales y sindicalistas, sostuvo en diciembre de 2023 que los comicios realizados cuatro meses antes debían considerarse nulos. Su postura fue rechazada por el presidente Bernardo Arévalo, quien calificó aquellas acciones como parte de un intento por impedir que asumiera el poder.
El mandatario señaló en ese momento a la entonces fiscal general, Consuelo Porras, como responsable de las acciones contra el proceso electoral. Porras fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusaron de corrupción y de socavar el Estado de derecho, señalamientos que fueron rechazados por la exfiscal.
La salida de Morales fue anunciada por el actual fiscal general, Gabriel García Luna, quien comunicó la destitución de siete funcionarios y explicó que las medidas forman parte de un proceso de transformación interna del Ministerio Público. Los otros empleados separados de sus cargos desempeñaban funciones operativas.