Como ya se esperaba, este miércoles se frustró por cuarta ocasión el inicio de la inspección de los archivos militares por el caso masacre El Mozote y Sitios Aledaños, puesto que la Fuerza Armada de El Salvador también impidió el ingreso a la Brigada de Artillería, ubicada en San Juan Opico.
Una mujer que no quiso brindar su nombre pero que dijo ser la oficial de servicio de Artillería aseguró que no tenía conocimiento de la diligencia judicial. La mujer y los militares no salieron, sino que atendieron al juez, Fiscalía, PDDH y abogados defensores desde una cabina que está en la entrada del lugar.
El juez del caso, Jorge Guzmán, le reprochó que el caso judicial y las diligencias fueron notificadas desde hace mucho tiempo, incluyendo notificaciones al presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
“No me cabe la menor duda que quienes dirigen esta Unidad han sido notificados; me extraña que usted me diga que no tiene conocimiento de esto”, agregó.
Esta es la cuarta ocasión que el gobierno de Nayib Bukele obstaculiza esta diligencia judicial, puesto que no se ha permitido la entrada al Estado Mayor Conjunto, a la Fuerza Aérea, Segunda Brigada Aérea y este miércoles a la Brigada de Artillería.
Tras esta nueva obstaculización, el abogado litigante, David Morales, manifestó que, debido a que los militares recibieron al juez desde una cabina, no se escucharon bien los argumentos que dieron, pero señaló que una vez más se cometió delito al bloquear el acceso a los archivos militares. “Se han cometido nuevamente delitos, como lo son: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia a una orden judicial”, indicó.
Ayer, Morales informó que todas las partes involucradas en este caso no han tenido acceso a los supuestos documentos que el presidente de la República «desclasificó» y mostró en cinco cajas en la última cadena nacional (el 24 de septiembre).
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.