La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la quincuagésima prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, con el cual continúan suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas con la defensa legal, el plazo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones.
La medida fue respaldada con 57 votos de la bancada oficialista y aliados, mientras que la diputada Claudia Ortiz votó en contra y el grupo legislativo de Arena no participó en la sesión.
Según datos oficiales, desde la implementación del régimen se han registrado más de 92,300 detenciones vinculadas a estructuras pandilleriles, con un incremento de 310 capturas en el último mes.
El Ejecutivo argumentó que la continuidad del régimen es necesaria para sostener las operaciones de seguridad y enfrentar la persistencia de estructuras criminales con vínculos transnacionales, además de evitar que sospechosos evadan el control de las autoridades.
Las autoridades también destacaron una reducción sostenida de homicidios desde 2022, aunque organizaciones de derechos humanos han reportado más de 6,500 denuncias de abusos y al menos 530 muertes de personas bajo custodia estatal durante el período del régimen.