Por tercera vez, la Fuerza Armada de El Salvador impidió el incio de la inspección de archivos por el caso de la masacre El Mozote, desobedeciendo así una orden judicial y una resolución de la Sala de lo Constitucional, quien el lunes concluyó que la diligencia es totalmente legal y el Estado está obligado a colaborar.

El juez  de la causa El Mozote y sitios aledaños, Jorge Guzmán, y las demás partes involucradas intentaron nuevamente este martes realizar las inspecciones a los archivos militares en las instalaciones de la Segunda Brigada Aérea, ubicada en Comalapa.

Desde antes que llegaran todas las partes, 10 militares pusieron barricadas metros antes de la entrada.

«Podrían decirme por orden de quién están negando el acceso a los archivos militares», preguntó el juez. «No se está negando el acceso a los archivos militares, sino a la Unidad como tal. Entonces, tenemos una orden en la cual tenemos que resguardar la Unidad», respondió el Capitán Carlos Escobar.

El juez volvió a preguntar quién les dio esa orden, pues es lo único que le estaba pidiendo ante la negativa de dejarlos entrar. Escobar se quedó en completo silencio esta vez y fue una mujer, que lo acompañaba y se identificó como jurídica, la que contestó: «No tenemos nada que decirle al respecto, gracias por su atención».

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El director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales condenó la negativa: «Los argumentos del delegado militar de la Fuerza Aérea no son válidos y se trata siempre de protección a criminales».

Tras esto, el juez, el abogado litigante, la Procuraduría para ka Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía se retiraron, pero antes acordaron que seguirán intentándolo.

Este miércoles, acudirán a la Brigada de Artilleria de San Juan Opico y el jueves será al Archivo General de la Nación.

El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Esta no es la primera vez que un gobierno impide diligencias en información militar, pues el bloqueo se mantuvo también en los 10 años del gobierno del FMLN.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.

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