Una vez más, la Fuerza Armada de El Salvador volvió a incumplir una orden judicial y nuevamente impidió el inicio de la inspección de archivos militares por la masacre El Mozote, reprogramada para este 12 de octubre en el Comando de Fuerzas Especiales de Ilopango.

En un hecho histórico, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó la inspección de archivos como parte del proceso judicial del caso El Mozote y la programó para el 21 de septiembre en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Sin embargo, el Coronel Carlos Vanegas fue el encargo de informar a las autoridades que no podían dejarlos entrar por una “orden superior”.

El juez Jorge Guzmán reprogramó para este lunes la diligencia, pero nuevamente se denegó la entrada a él, a la Fiscalía, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), acusadores particulares y peritos. Esta vez fue el capitán Natán Ortiz quien le dijo al juez que “no tenía conocimiento” del proceso, pero luego expresó que era porque el presidente de la República, Nayib Bukele, “ya entregó la documentación”.

“Nosotros aquí tenemos resguardado toda la planificación que hacemos día a día y eso sí está respaldado por la Constitución de la República”, agregó Ortiz.

Con la entrega de la documentación, el capitán hacía referencia a lo que Bukele informó en la cadena nacional del pasado 24 de septiembre, en el que reveló que él mismo se tomó la atribución de “desclasificar” los archivos y encontró documentos que puso en cinco cajas rotuladas del 1 a la 5, las cuales tenían plasmados los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Ese día, el mandatario salvadoreños también desconoció a Guzmán al insistir que “no puede permitir su ingreso a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada porque el artículo 168 de la Constitución de la República se lo prohíbe”, además de que el juez “no tiene jurisdicción”. “La mayoría de archivos fueron destruidos en esos 40 años, ¿cuándo? No lo sabemos”, añadió.

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Al capitán de la Fuerza Aérea lo acompañaron dos jurídicas, quienes señalaron que la negativa a dejarlos entrar es porque “no cuentan con la información que vienen a verificar”. El juez les respondió que ellas “hacen una valoración conforme a la institución militar y como abogadas están obligadas a hacer una valoración con enfoque de derechos humanos”. Las jurídicas no quisieran identificarse, pues alegaron que tampoco estaban autorizadas a decir sus nombres.

“Es lamentable que el presidente Nayib Bukele esté protegiendo a criminales de guerra e impidiendo investigaciones judiciales en archivos históricos”, manifestó el juez antes de retirarse del lugar.

Activistas llegaron a pedir justicia y apoyar diligencia judicial

En este segundo intento de iniciar las inspecciones a los archivos, activistas llegaron al Comando de Fuerzas Especiales para pedir justicia y apoyar la diligencia judicial del caso El mozote.

Algunas personas colocaron siluetas de niños en cartón y flores frente al Comando. “Estamos aquí y queremos la verdad”, se leía en la figura.

Otras tres mujeres, vestidas de luto, realizaron un performance diciendo: “Por este camino se fueron, por este camino van a regresar, aquellas mujeres de sal que habitaron esta casa sin techo…”.

“Pedimos que la Fuerza Armada deje su histórica cobardía y abra los archivos”, indicó por su parte el movimiento “Salvadoreñas y Salvadoreños construyendo memoria”.

Las organizaciones pro derechos humanos portaron claveles y rosas blancas en representación de las víctimas. Una de las representantes de las organizaciones les entregó rosas y claveles a los policías y soldados que llegaron a custodiar el lugar; ellos las recibieron pero luego las dejan en el suelo.

Horas más tarde, el juez levantó una nueva acta sobre el bloqueo en la Fuerza Aérea a la inspección de archivos militares. Asimismo, todas las partes decidieron que seguirán intentando realizar las inspecciones militares. Este martes llegarán a la Segunda Brigada Aérea, ubicada en Comalapa, tal y como estaba programado.

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