El presidente Nayib Bukele, reaccionó la noche del domingo a una audiencia realizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en Estados Unidos, donde se abordó la situación de derechos humanos en el país bajo el régimen de excepción.
A través de la red social X, el mandatario compartió un fragmento en el que se consulta si la MS-13 debe considerarse una organización terrorista extranjera. En el video, los participantes evitan emitir una respuesta directa o señalan que, independientemente de esa clasificación, los derechos humanos deben prevalecer.
Bukele criticó estas posturas y aseguró que, a su juicio, se evidencia una defensa de personas vinculadas a estructuras criminales. Según expresó, los participantes sostuvieron que su labor consiste en garantizar derechos, sin importar los delitos cometidos.
En la audiencia participaron representantes de distintas organizaciones y entidades internacionales, entre ellos Noah Bullock, de Cristosal; Juan Pappier, de Human Rights Watch; Sergio Arauz, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, e Isabel Carlota Roby, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Hace unas semanas, un grupo de “expertos y expertas”, financiados por Open Society (Soros), acudió a la CIDH y a la ONU a, básicamente, pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción.
Estos videos fueron vistos por el pueblo… pic.twitter.com/xjfvz0t8n2
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2026
También intervinieron Susana SáCouto, de la Universidad Americana de Washington, y Andrés Martínez-Fernández, analista de la Heritage Foundation.
Durante su intervención, Bullock señaló presuntos casos recientes de abusos, incluyendo denuncias de tortura, fallecimientos bajo custodia estatal, condiciones carcelarias deficientes y supuesta persecución a opositores. Asimismo, mencionó la situación de la abogada Ruth López, quien —según indicó— permanece detenida sin juicio.
El presidente también hizo referencia a señalamientos presentados anteriormente ante instancias internacionales, donde un grupo de expertos planteó posibles violaciones graves a derechos humanos. Bukele cuestionó dichos informes y afirmó que responden a intereses externos, señalando que buscan la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.