El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, aprobó una regularización extraordinaria que beneficiará a cerca de 500,000 inmigrantes en situación irregular, en una medida que ha generado fuerte debate político.
El decreto fue avalado por el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Parlamento. Según explicó Sánchez, la decisión busca reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya viven en el país e integrarlas plenamente en la sociedad, permitiéndoles contribuir en igualdad de condiciones.
El mandatario defendió que la iniciativa cuenta con respaldo de sectores como la Iglesia, sindicatos, empresarios y organizaciones civiles, al considerarla una acción que fortalece la convivencia y el sistema económico.
Sin embargo, la oposición ha cuestionado la medida. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que podría generar efectos en el resto de Europa debido a la libre circulación. Por su parte, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, calificó la decisión como perjudicial y aseguró que buscarán revertirla.
La medida posiciona a España en una línea distinta a la de otros países europeos y de Estados Unidos en materia migratoria, reavivando el debate sobre el control y la integración de la población migrante en la región.