La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, propuso que la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas establezca de forma explícita la exclusión de los servicios de salud, educación y recursos hídricos.
Durante la discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador, la legisladora planteó que, aunque diputados oficialistas han afirmado que estos sectores no serán incluidos, es necesario dejarlo claramente establecido en el texto legal para evitar interpretaciones.
Ortiz advirtió que, de no incorporarse esta exclusión, se abriría la posibilidad de que empresas privadas participen en la prestación de servicios públicos esenciales, lo que podría derivar en cobros a la población. «Estos servicios deben ser garantizados por el Estado», enfatizó.
El proyecto en estudio, enviado por el Ministerio de Economía, elimina las restricciones actuales que impiden este tipo de alianzas en salud, educación, recursos hídricos, así como en instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Universidad de El Salvador.
Por su parte, la diputada Dania González indicó que la propuesta de Ortiz será considerada durante el análisis legislativo y reiteró que el proceso incluirá consultas con distintas instituciones.
En tanto, el diputado William Soriano aseguró que las decisiones del oficialismo buscan fortalecer los servicios públicos, subrayando que el objetivo es garantizar que estos mantengan calidad y acceso para la población.
La comisión legislativa también acordó convocar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para ampliar detalles del proyecto, mientras continúa el debate sobre el alcance de la normativa.