Este miércoles se tiene previsto que el Ministerio de Hacienda entregue el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2021. En este sentido, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha publicado una serie de consideraciones que deberían tomarse en cuenta para “corregir los errores del pasado” y dar “sostenibilidad a las finanzas públicas”.
Este Presupuesto será el segundo que el Gobierno de Nayib Bukele presente en su gestión y lo hará en un año golpeado por la pandemia del COVID-19. El Salvador ha sido fuertemente impactado, con una proyección en la caída del producto interno bruto (PIB) nominal entre 8.6%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que será la más profunda en la región.
“Es uno de los países más endeudados de América Latina, pero se sitúa dentro de las naciones que más han demandado fondos –como porcentaje del PIB–, para atender la emergencia, según CEPAL, y su deuda se espera que supere el 90% del PIB en este año, un aumento de cerca de 20 puntos, el mayor de su historia reciente en un solo año”, recordó Fusades.
“Para que sea realmente una herramienta útil, el presupuesto debe ser realista, estar bien formulado y diseñado de acuerdo con objetivos y metas, cumplir con los principios de unidad, universalidad –incluir todos los ingresos y los gastos–, y equilibrio –todos los ingresos deben ser iguales a los gastos–. El P2021 requiere de un balance preciso en su elaboración, que considere atender las necesidades asociadas con la pandemia que persistirán el próximo año; pero, al mismo tiempo, que tome en cuenta el margen fiscal existente, y el establecimiento de metas que encaucen al país hacia la senda de la sostenibilidad, para evitar llegar a una crisis fiscal”, agregaron.
Estas son las 10 consideraciones que debe tener el presupuesto 2021, según Fusades:
- El P2021 es especial en un período de gran incertidumbre por la pandemia: Se necesita lograr el equilibro entre atender las necesidades de la emergencia y asegurar la sostenibilidad fiscal.
- Por ley, las autoridades deben cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y establecer nuevas metas fiscales, y cambiar las reglas institucionales que rigen el uso de Letras del Tesoro Nacional (LETES).
- Para poder superar esta crisis, se necesita de un amplio consenso nacional entre los distintos Órganos del Estado, empresa privada y sectores de la sociedad civil. Esto requiere liderazgo, voluntad política y consensos en todo el proceso presupuestario, tomar en cuenta un entorno más amplio que incluye institucionalidad, Estado de derecho, crecimiento, entre otros.
- Junto con expertos debe formularse la estrategia de salud, económica y social, contar con planes y presupuestos.
- El P2021 debe ser apegado a la ley, completo y transparente y ser lo suficientemente flexible ante el entorno incierto.
- Disponer de un Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados (PPER) ahora es más urgente.
- Se deben poder identificar claramente los gastos por la emergencia y transparentar la deuda autorizada en 2020 y que se obtendrá hasta el 2021, aprovechando para racionalizar la desproporcionada solicitud de deuda por la emergencia.
- El financiamiento para combatir el COVID-19 necesitará recursos adicionales, pero no se debe recurrir únicamente a deuda, sino también debe haber un verdadero ahorro por el lado del gasto de forma sostenida, este compromiso debe estar plasmado en un documento.
- Se debe cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la racionalización del gasto. Uno de los rubros que debe ser ordenado es el de las remuneraciones. La aprobación de la Ley de la Función Pública es urgente para poder respetar los derechos de los empleados públicos; además, se deben eliminar gastos excesivos y no prioritarios.
Se debe racionalizar el FODES y mejorar el sistema de inversión pública a todo nivel, incluyendo las municipalidades. Para 2021, el FODES debería reducirse de nuevo a 8% de los ingresos corrientes presupuestados; el aumento de dos puntos en el P2020, de 8% a 10% es insostenible.
Por tratarse de una situación especial y ante la drástica caída de los ingresos, podría negociarse que lo que se transfiera a la Corte Suprema de Justicia y municipalidades en 2020, sea el porcentaje aplicado a los ingresos corrientes netos que realmente se perciban.
- Ante las distintas necesidades y los recursos escasos, la eficiencia y transparencia del gasto es imperativo.