La Fiscalía General de la República inició una investigación contra Gerson Orellana Ayala, propietario de la financiera Credi Cash, por su presunta participación en delitos como defraudación a la economía pública, captación ilegal de dinero y lavado de activos. La indagación surge tras una alerta emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó que el imputado ya se encuentra bajo custodia y que no es la primera vez que enfrenta señalamientos judiciales, ya que en 2020 fue investigado por estafa. Además, las autoridades han detectado posibles vínculos con estructuras criminales.
Como parte de los operativos iniciales, se ejecutaron allanamientos en sucursales de la empresa ubicadas en Chalatenango y Nueva Concepción, así como en la residencia del acusado. Durante estas diligencias, se logró inmovilizar más de 10 millones de dólares en cuentas bancarias y se incautaron alrededor de 38 millones de dólares en efectivo, incluyendo aproximadamente 7 millones encontrados dentro de la vivienda del sospechoso. Las autoridades señalaron que parte del dinero era almacenado en condiciones irregulares, sin medidas adecuadas de seguridad.
El Ministerio Público ha priorizado garantizar la recuperación de los fondos para las personas afectadas, por lo que trabaja en el resguardo adecuado del dinero y en la verificación de registros contables, tanto digitales como físicos, con el fin de implementar un proceso ordenado de devolución.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa utilizaba contratos notariales para generar confianza entre los inversionistas, ofreciendo rendimientos elevados que no estaban respaldados por actividades económicas reales. Este mecanismo corresponde a un esquema piramidal, en el que las ganancias iniciales se pagan con el dinero de nuevos participantes.
Credi Cash también operaba otorgando préstamos a comerciantes informales, con tasas de interés del 5%, mientras prometía retornos de hasta el 10% a inversionistas. Las autoridades no descartan que parte de los recursos utilizados en estos préstamos provengan de actividades ilícitas, incluyendo posibles ingresos relacionados con extorsiones.
Las pesquisas han revelado que una porción del dinero fue utilizada para la adquisición de al menos 231 vehículos, entre ellos autobuses, taxis y camiones de carga.
La Fiscalía continúa trabajando para determinar el número exacto de afectados, cuantificar las pérdidas económicas y rastrear el destino final de los fondos involucrados en este caso.