En el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y colectivas de mujeres feministas se han manifestado para exigir el derecho de interrupción segura de un embarazo en la mujer, bajo la consigna: Aborto Seguro Legal y Gratuito.
En 2017, un informe del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exigió al Estado aprobar reformas al Código Penal para legalizar el aborto en al menos cuatro causales: el aborto en caso que la vida e integridad de la mujer esté en peligro; cuando el feto tiene malformaciones que le impedirán vivir fuera del útero; en caso de violaciones y en los casos de trata de personas.
El Estado salvadoreño ha sido altamente condenatorio y a su vez, criminaliza a las mujeres salvadoreñas, en el que mayormente han sido mujeres buscando ayuda médica y que por razones obstétricas, pierden su embarazo de manera espontánea. Entre los casos más figurativos perfilan: las 17 mujeres, injustamente encarceladas que enfrentan penas hasta de 40 años de cárcel.
En el marco de la pandemia por COVID-19, se han visto vulnerados y agudizados temas de prevención de la violencia, el reconocimiento a la salud integral de las mujeres, específicamente en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como también la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, que evidentemente posicionan a las mujeres y niñas salvadoreñas en mayor exposición a sus agresores debido al confinamiento.
Según estadísticas del Ministerio de Salud, en marzo de este año se contabilizaban embarazos de adolescentes entre los 15 a 19 años, que pasaron de 3,835 a 6,581, reflejando un aumento del 71.6% durante el segundo trimestre del 2020. Los datos también revelaron el registro de 118 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en los Centros de Salud a nivel nacional.
En octubre de 2016, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentó una propuesta de reforma al Código Penal, pero que hasta la fecha ha sido ignorada.
Ante este escenario, la exigencia por una reforma al Código Penal por la despenalización del aborto se ha vuelto más fuerte. “En este marco, consideramos que la penalización absoluta del aborto en El Salvador tiene alto impacto negativo en la salud y vida de las niñas, adolescentes y mujeres (…). En 2018, 32 mujeres embarazadas perdieron la vida, las principales razones de muerte materna fueron debido a trastornos de hipertensión del embarazo, hemorragias obstétricas severas”, expresaron este día mujeres feministas.
“Estos datos muestran que el Estado salvadoreño no ha decidido salvar la vida de las mujeres, por lo que nos encontramos ante un Estado feminicida”, agregaron.
Las oganizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres entregaron este lunes una pieza de correspondencia al ministro de Salud, Francisco Alabí, para exigir que el tema sea abordado y discutido, de manera en el que se garantice que las mujeres y niñas tenga una vida digna.