El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín afirmó que no se rendirá ante la persecución judicial que lo llevó a permanecer en prisión desde julio de 2022 y que actualmente lo mantiene bajo arresto domiciliario, tras recibir una medida sustitutiva el pasado 12 de febrero.
En entrevista con EFE, concedida en su residencia, Zamora advirtió que la posibilidad de regresar a la cárcel continúa latente debido a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público de Guatemala.
Zamora señaló que una de sus prioridades es intentar anular la personería jurídica de la Fundación Contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que ha actuado como querellante en su contra y cuyos líderes han sido sancionados por Estados Unidos.
Asimismo, indicó que busca promover acciones penales contra la fiscal general Consuelo Porras Argueta, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabiliza de su encarcelamiento por cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que, según afirma, no han sido probados.
El periodista relató que en 2019 la fiscal general intentó acercamientos personales que incluyeron invitaciones al Ministerio Público y que, tras tensiones derivadas de publicaciones críticas, comenzó —según su versión— la persecución judicial en su contra.
A sus 67 años, Zamora expresó gratitud por la solidaridad recibida durante su reclusión, recordando donaciones realizadas incluso por personas de escasos recursos. Durante su encarcelamiento, vio desaparecer su medio, El Periódico, sus cuentas fueron congeladas y parte de su familia se exilió.
Aunque admite que extraña el ejercicio del periodismo, al que define como su pasión, aseguró que actualmente su prioridad es limpiar su nombre y recuperar su salud, deteriorada tras años de encierro.
En el ámbito político, el comunicador se mostró cautelosamente optimista sobre el futuro de Guatemala. Considera que el presidente Bernardo Arévalo de León ha enfrentado un fuerte asedio y estuvo “muy cerca de recibir un golpe de Estado”, pero confía en que con la salida de la fiscal general al finalizar su período en mayo, los sectores que califica como golpistas y corruptos perderán influencia.