El Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador solicitó este miércoles a la Asamblea Legislativa emitor un recomendable al presidente de la República, Nayib Bukele, para que de manera urgente firme dicho Acuerdo.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en materia ambiental.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018, con el voto de los 24 países miembros del Comité de Negociación, incluido El Salvador, y establece que para su entrada en vigor es necesario que 11 países lo ratifiquen. A la fecha, 23 países lo han firmado y 9 han ratificado.
El plazo límite para firmar el Acuerdo es el 26 de septiembre del presente año.
La diputada Dina Argueta del FMLN brindó el acompañamiento de la pieza de los jóvenes. «El Acuerdo de Escazú vendrá a facilitar el acceso a la información en materia ambiental. A la fecha no se tiene ninguna posición del gobierno de El Salvador si se va o no a firmar el acuerdo, por lo que debe definir si firmará o no», manifestó Argueta.
La parlamentaria recordó que en el país, en la lucha por el medioambiente, muchos defensores han perdido la vida, como el caso en el departamento de Cabañas, donde varios ambientalistas perdieron la vida por estar contra la minería metálica.
César Artiga, Coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, afirmó que es urgente y necesario que el presidente Bukele firme el Acuerdo, de tal forma que el país cuente con un instrumento robusto para fortalecer la protección al medioambiente. «Al firmar el acuerdo se estaría dinamizando la ejecución de políticas públicas en materia ambiental y para garantizar el acceso a la justicia ambiental en El Salvador», destacó Artiga.
Según estudios, Latinoamérica y el Caribe son las regiones más peligrosas para ser defensoras del medioambiente.
Entre los seis países más letales para hombres y mujeres defensores, cinco son latinoamericanos, según datos de la organización Front Line Defenders (FLD). De los 304 asesinados a nivel mundial en 2019, la mayoría fueron colombianos (106). También figuraron de Honduras (31), México y Brasil (23 cada uno) y Guatemala (15). El 13% de los defensores asesinados fueron mujeres.