La Sala de lo Constitucional resolvió este miércoles que el gobierno central ha incumplido la medida cautelar adoptada sobre la exigencia de una prueba negativa de COVID-19 para que salvadoreños y extranjeros con residencia permanente puedan ingresar al país. Es así que ha certificado a la Fiscalía por posible cometimiento de delitos.
«Dése aviso y en consecuencia certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones de 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones, por lo que esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados», ordenó.
La Sala de lo Constitucional indicó que es un hecho público y notorio que por disposición de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de una institución autónoma, las aerolíneas que operan en el Aeropuerto San Óscar Romero exigieron a sus pasajeros, a partir del 19 de septiembre, la presentación de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) negativa a COVID-19 antes de abordar las aeronaves, la cual al llegar a territorio salvadoreño fue también requerida por las autoridades migratorias.
Asimismo, las autoridades han estado exigiendo en las fronteras terrestres la prueba a estos ciudadanos.
Los magistrados enumeraron que la disposición por la cual las aerolíneas deben impedir el abordaje del pasajero «constituye una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada». «Es bastante claro para esta Sala que la orden girada a las aerolíneas es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares (las aerolíneas) el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial que suspendió los efectos de ese acto, incluso con la amenaza de una sanción económica por su incumplimiento», declararon.
Los funcionarios que podrían ser procesados por el incumplimiento de la orden judicial son el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, y el presidente de CEPA, Federico Anliker.
En este contexto, la Sala recordó que «ninguna autoridad, funcionario o empleado está obligado a cumplir una orden de un superior cuando dicha orden es ilegal», pues se deben a la Constitución de la República y no a su superior jerárquico.
Los delitos que se deberán investigar y por los que podrían ser procesadas las personas involucradas son: Desobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimientos de deberes.
Ya lo habían advertido
Un día antes de reiniciar las operaciones de vuelos comerciales, la Sala hizo un seguimiento a la medida cautelar y le aclaró al gobierno que la orden no lo imposibilitaba de seguir con la exigencia para los extranjeros y tomar otras para los salvadoreños y residentes permanentes.
Asimismo, indicaron que las autoridades tienen el deber de ponderar todos los derechos que están en juego, tal es el caso del derecho a la salud y el derecho a ingresar al país, «y no sacrificar uno en aras del otro».