Pese a la obstrucción en el inicio de la inspección de archivos militares y las constantes acciones de la Presidencia para frenar la diligencia, que ha quedado documentada por diferentes medios de comunicación y ha provocado la condena internacional, este 23 de septiembre el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, declaró que el presidente de la República, Nayib Bukele, «está cumpliendo con la entrega de documentos» del caso El Mozote.
«El señor presidente está cumpliendo con lo que prometió, porque nosotros no hemos negado la información», declaró Monroy sobre el proceso de la masacre El Mozote en una entrevista radial.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre de El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Igual como lo hizo el gobierno del PDC, ARENA y el FMLN, la Presidencia de Nayib Bukele ha impedido la revisión de los archivos militares de la guerra.
En la gestión de Bukele, el Ejecutivo ha respondido seis veces al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que “no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus archivos”.
En contradicción a esto, el delegado de la Presidencia, José Ángel Peréz Chacón, durante una audiencia realizada el pasado 28 de agosto, dijo que “hay planes militares secretos que no pueden ser revelados por parte del Ministerio de Defensa”, porque la Fuerza Armada protege “bienes superiores de índole colectivo, como la seguridad nacional, la defensa del Estado y la soberanía de El Salvador”. El juez del caso, Jorge Guzmán, rechazó ese argumento, pues consideró que revelar planes militares de hace 40 años no produce alguna afectación a intereses de la seguridad nacional.
Además, aclaró al delegado de la Presidencia que esa audiencia no era para discutir si se iban a abrir los archivos o no, sino para planificar la forma de hacerlo.
Luego, Revista Factum reveló que, el pasado 10 de septiembre, el ministro Monroy envió un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que frenarán la inspección de archivos militares, algo que fue rechazado por los magistrados.
Sin embargo, este miércoles Monroy se aventuró a recalcar: «Lo que el señor presidente ha dicho no se ha violado, porque se está proporcionando, se les está dando todo lo que se requiere».
Al ser cuestionado específicamente de la obstrucción a las diligencias que iniciaban el 21 de septiembre, el funcionario respondió que tienen «otra imposición que es constitucional y lo que estamos haciendo es respetando lo que la Constitución manda y dándole cumplimiento a todas las leyes de la República».
Monroy no quiso ahondar en el tema, pues dijo: «No creo conveniente extenderme más sobre el caso, porque hay aspectos legales de por medio, los cuales si yo comienzo hablar, a parte de que no soy abogado, puedo entorpecer los procesos de investigación».
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Esta no es la primera vez que la administración de Bukele intenta obstaculizar este tipo de trabajos. En marzo de 2020, impidió el acceso de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que buscaban los archivos militares vinculados a los operativos militares realizados dentro de la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1995.
El martes en la tarde noche, el juez Jorge Guzmán le dio 5 días al presidente Nayib Bukele y al ministro Merino Monroy para que brinden un informe por la obstrucción a la inspección de los archivos militares. También reprogramó la diligencia para inicios de octubre.
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