La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, manifestó que el recién creado Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República debe garantizar una formación basada en el respeto al Estado de Derecho, los principios democráticos y las garantías fundamentales.
Aunque respaldó con su voto la creación del Instituto, aprobado el 11 de febrero, la legisladora subrayó que la capacitación de fiscales y profesionales debe estar alineada con la protección de los derechos humanos y el debido proceso. “Es importante la formación profesional, pero debe estar sustentada en garantías judiciales y respeto a los derechos fundamentales”, declaró.
Ortiz también cuestionó reformas recientes aprobadas por la Asamblea que, a su juicio, han flexibilizado los plazos para que la Fiscalía presente acusaciones formales contra personas detenidas bajo el régimen de excepción. Señaló que estas modificaciones podrían debilitar el cumplimiento oportuno de los procesos y afectar derechos básicos.
Entre los cambios señalados figura la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, avalada el 15 de agosto, que permite ampliar por dos años el período en el que los detenidos pueden permanecer bajo arresto mientras son acusados. Según datos oficiales citados en el dictamen, cerca de 88,875 personas detenidas deberán ser procesadas por jueces y fiscales especializados.
Asimismo, el decreto 803, vigente desde el 25 de agosto de 2023, estableció disposiciones transitorias que autorizan mantener en detención hasta por dos años a personas capturadas durante el régimen de excepción sin que se haya presentado acusación formal. El régimen inició el 27 de marzo de 2022 y, según el Gobierno, más de 91,000 personas han sido arrestadas en ese contexto.