El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su carácter autoritario tras aprobar reformas constitucionales que concentran aún más el poder en el Ejecutivo y refuerzan la persecución contra la disidencia, según el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), publicado este miércoles.
La organización advierte que las enmiendas constitucionales designaron a Murillo como “copresidenta” y otorgaron a la Presidencia facultades para coordinar los poderes Judicial y Legislativo, debilitando los contrapesos democráticos. HRW señala que estas reformas se suman a la eliminación de los límites a la reelección presidencial aprobada en 2014.
El informe documenta una intensificación de la represión mediante arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios obligados, revocación de la nacionalidad y confiscación de bienes. Hasta octubre de 2025, se contabilizaban al menos 77 presos políticos, y desde 2019 se han registrado al menos seis muertes bajo custodia estatal.
HRW también denuncia que más de 450 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, amparados ahora por disposiciones constitucionales que permiten castigar por “traición”. Además, cientos de periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos se han visto forzados al exilio.
El documento alerta sobre la persecución transnacional contra opositores en el extranjero, incluyendo amenazas, vigilancia y asesinatos, así como la represión sistemática contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
Finalmente, HRW recuerda que expertos de la ONU han identificado indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses y han instado a la comunidad internacional a promover acciones legales y mecanismos de protección para las víctimas, en un contexto donde el país permanece cerrado a la supervisión internacional desde 2018.