Partes del gobierno de Estados Unidos han cerrado nuevamente después de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo la legislación presupuestaria. La disputa se centra en las políticas de deportación del presidente Donald Trump.
Aunque es un cierre, se espera que sea más corto que el anterior, ya que el Senado aprobó un acuerdo de compromiso para financiar la mayoría de las agencias. Ahora la Cámara de Representantes debe dar su aprobación antes de que Trump lo firme. La votación aún no tiene fecha y es incierto si se aprobará, mientras el presidente enfrenta presión para evitar un cierre prolongado.
La magnitud del cierre es menor que el ocurrido entre octubre y noviembre de 2025. Actualmente, seis de los doce proyectos de ley presupuestarios ya están vigentes y no se verán afectados. De los seis restantes, cinco fueron aprobados por el Senado, quedando pendiente únicamente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Las consecuencias inmediatas se consideran manejables, ya que muchos empleados federales no trabajan los fines de semana, aunque la situación podría complicarse según lo que decida la Cámara de Representantes.
El trasfondo del conflicto incluye la respuesta a las estrictas políticas de deportación de Trump y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. En respuesta, el gobierno envió agentes federales a Minnesota, lo que generó protestas y resistencia local. Los demócratas del Congreso han impulsado medidas para limitar el uso de máscaras y cámaras corporales por parte de agentes federales en operativos de inmigración y lograron fondos temporales para el Departamento de Seguridad Nacional por solo dos semanas.