El Gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, presentó una demanda civil contra Marta Alicia Ramírez Veliz, una inmigrante hispana, exigiéndole el pago de 941,114 dólares más intereses por no cumplir una orden de deportación emitida en su contra. Según el Departamento de Justicia, la multa se calcula en 998 dólares diarios desde que la mujer incumplió su salida del país.
Ramírez Veliz había recibido la orden de abandonar EE. UU. desde julio de 2019 y, tras apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), su caso fue desestimado en septiembre de 2022. Posteriormente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó a la mujer sobre la intención de aplicar la multa, pero no respondió, por lo que el gobierno solicitó a la corte hacerla efectiva.
Abogados consultados por medios como Politico indicaron que se trata de la sanción económica más alta conocida por este tipo de incumplimiento, superando incluso multas previas que alcanzaron medio millón de dólares.