Tras las claras afirmaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, y sus funcionarios de no acatar la medida cautelar de dejar entrar al país a los salvadoreños y extranjeros con residencia permanente aunque no presenten una prueba negativa de COVID-19, la Sala de lo Constitucional advirtió este viernes que si la incumple, inmediatamente certificará a la Fiscalía el posible cometimiento de delito.
En su resolución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional le aclararon al gobierno que la medida no lo imposibilita de tomar medidas para los extranjeros y otras para los salvadoreños y extranjeros con residencia permanente.
Asimismo, indicaron que lo que la resolución prescribe, «con claridad suficiente, es que ninguna autoridad puede negar la entrada al territorio a los salvadoreños que a su arribo al Aeropuerto Internacional San Óscar Romero, o a cualquier otro punto autorizado de ingreso del exterior, no presenten la PCR que dé negativa a COVID-19, pues esto supondría en la práctica una prohibición de ingreso al país que, conforme con los arts. 5 y 29 de la Constitución, solo sería válida en un régimen de excepción».
«Es un hecho notorio que actualmente este régimen no se encuentra vigente, por lo que no existe una habilitación constitucional para proscribir el ingreso de connacionales al territorio salvadoreño», recalcaron.
El pasado fin de semana, se filtró una circular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) donde se informaba a las aerolíneas que debían exigir a todos los viajeros, de cualquier nacionalidad, una prueba negativa certificada de COVID-19 y que todo aquel que no la presentara se declarará como “inadmisible”. Esta indicación fue reiterada ayer a los empresarios y las autoridades de gobierno les advirtieron que si traen a alguien sin la prueba, serán multados con hasta $6 mil.
En este sentido, la Sala indicó que las autoridades tienen el deber de ponderar todos los derechos que están en juego, tal es el caso del derecho a la salud y el derecho a ingresar al país, «y no sacrificar uno en aras del otro».
También, los magistrados le recordaron al Ejecutivo que las resoluciones judiciales «son obligatorias», es decir, no dependen de si se quieren o no cumplir.
«Su incumplimiento acarrea responsabilidades constitucionales y legales. Por ello, en caso de inobservancia de la medida cautelar adoptada en este proceso, por parte de alguna autoridad, en el sentido de insistir en inadmitir el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes definitivos por cualquier vía (terrestre, marítima o aérea), se certificará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de delito», advirtieron.
Presidente Bukele insinúa que Javier Simán está detrás de resolución
Como en varias ocasiones y por distintos temas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, insinuó en sus redes sociales que en esta decisión de la Sala está detrás el presidente de la ANEP, Javier Simán.
«Mandan a decir de los demás países del mundo que ustedes no tienen jurisdicción allá (donde serán pedidas las pruebas)», escribió Bukele al enterarse de la resolución.
Luego, agregó: «Yo sé que no le quieren devolver el cheque a Simán, pero díganle al patrón que hoy si le van a quedar mal».
En el caso específico de las fronteras aéreas, las aerolíneas que operen en El Salvador a partir de este sábado estarían pidiendo el resultado negativo de COVID-19 a los viajeros por orden del Ejecutivo, pues estas se rigen por los lineamientos de cada país.
