Siete de cada diez salvadoreños se declaran algo o muy preocupados por el nivel de endeudamiento del país, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop-UCA), realizada en diciembre de 2025.
El estudio revela que el 86.5 % de la población manifiesta algún grado de preocupación por la deuda pública, mientras que más de la mitad, un 52.8 %, afirma estar “muy preocupado”. En contraste, solo un 11.3 % asegura no sentir ninguna inquietud por este tema.
La encuesta también indica que cuatro de cada diez salvadoreños ya estaban informados de las advertencias emitidas por organismos internacionales sobre el crecimiento de la deuda como uno de los principales riesgos económicos para el país en 2025.
Estas alertas coinciden con el informe del Foro Económico Mundial (FEM), que identifica la deuda pública como el mayor riesgo para El Salvador, junto a la escasez de alimentos y una posible crisis económica.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda del sector público no financiero alcanzó los $32,613.2 millones a noviembre de 2025, equivalente al 89.1 % del PIB. Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó una deuda pública total preliminar de $33,814.79 millones, de los cuales $11,163.45 millones corresponden a obligaciones del sistema de pensiones.
En este contexto, El Salvador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del PIB en un período de tres años, mediante la reducción del gasto y el aumento de los ingresos, con el objetivo de disminuir el alto nivel de endeudamiento.
Como parte de ese acuerdo, el país deberá presentar una nueva reforma al sistema de pensiones antes del 10 de febrero, cuya aplicación está prevista para 2026. El FMI espera que el Estado reduzca su dependencia de los fondos previsionales, en el marco de un programa que contempla $1,400 millones en financiamiento y un paquete adicional multilateral de $3,500 millones.