A ocho meses de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, afirmó que el Gobierno salvadoreño puede mantener el diálogo con la administración estadounidense, pero dejó claro que la continuidad o cancelación del programa depende exclusivamente de las autoridades de ese país.
Durante una entrevista en La Tribu FM, la diplomática explicó que, en el marco de una relación bilateral basada en el respeto, El Salvador puede exponer su posición y la situación de los migrantes beneficiarios del TPS; sin embargo, subrayó que se trata de una decisión soberana de Estados Unidos.
Mayorga señaló que el país no está en condiciones de exigir una prórroga, aunque sí de dialogar y presentar información sobre el aporte de los salvadoreños amparados al programa. Al mismo tiempo, reiteró que el Gobierno mantiene el acompañamiento a los connacionales a través de la red consular, con asesorías gratuitas para reinscripción al TPS y apoyo en trámites migratorios y documentación. La actual extensión del programa vence el 9 de septiembre de 2026.
La embajadora también destacó que la migración irregular de salvadoreños hacia Estados Unidos ha disminuido tras la implementación del Plan Control Territorial, al considerar que la inseguridad era una de las principales causas de la migración.
En esa misma línea, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, confirmó recientemente que existe un proceso de consulta entre ambos gobiernos sobre el TPS, aunque recalcó que la decisión final recaerá en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional.
El TPS para El Salvador fue prorrogado por última vez por la administración Biden por un período de 18 meses y beneficia a unos 200,000 salvadoreños. No obstante, expertos migratorios advierten que las relaciones bilaterales positivas no garantizan una nueva extensión, especialmente luego de que el presidente Donald Trump cancelara el TPS para varios países y dejara abierta la posibilidad de revisar el caso salvadoreño.