Las cárceles guatemaltecas se han convertido en centros de dirección del crimen organizado, desde donde las pandillas coordinan extensas redes de extorsión a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas, denunció este jueves Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Según Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización, la corrupción histórica en el sistema penitenciario ha permitido que estas estructuras operen con impunidad. “Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino de dirección criminal”, afirmó.
La problemática se agudizó tras los recientes disturbios, en los que diez policías fueron asesinados durante la recuperación del control de tres prisiones dominadas por pandilleros.
Las extorsiones alcanzan niveles críticos: en 2025 se reportaron 25,961 denuncias, un incremento del 3.9 % frente a 2024, con una tasa de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes, concentrándose casi la mitad en el departamento de Guatemala, según el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN).
El sistema penitenciario alberga actualmente más de 23,000 reclusos en 23 centros diseñados para 6,000, con apenas 3,997 guardias, lo que facilita el uso de teléfonos celulares, armas y otros dispositivos para coordinar delitos desde el encierro.
A pesar del traslado de cabecillas a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, el CIEN advierte que las requisas continúan detectando teléfonos y dispositivos electrónicos, reflejando graves fallas en el control estatal. Casos como el de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de Barrio 18, muestran cómo algunos reclusos exigen comodidades como aire acondicionado, alimentos de restaurantes y camas tipo ‘king size’, evidenciando la debilidad institucional en el manejo de las prisiones.