Ciudad de Guatemala — Guatemala enfrentó este domingo una escalada de violencia armada que dejó como saldo la muerte de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de operativos estatales para recuperar el control de centros penitenciarios tomados por la Pandilla 18, una situación que llevó al Gobierno a suspender clases a nivel nacional y a declarar a las fuerzas de seguridad en alerta máxima.
Los ataques contra los policías se registraron mientras unidades élite de la PNC y del Ejército ejecutaban acciones para retomar el control del penal Renovación I, en Escuintla, donde pandilleros mantenían retenidos a nueve custodios. Las autoridades confirmaron que, además de los fallecidos, 10 agentes resultaron heridos y un integrante de pandillas murió durante los enfrentamientos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, condenó los ataques y aseguró que se trata de una reacción violenta de las estructuras criminales frente a las acciones del Estado. “Han atacado cobardemente a nuestros agentes como respuesta a los operativos que estamos desarrollando para restablecer el control y la seguridad”, expresó en conferencia de prensa.
Durante la tarde del domingo, la PNC informó que logró recuperar totalmente el control de tres centros penitenciarios y liberar con vida a 34 custodios del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes desde hacía más de 36 horas en las cárceles Fraijanes II y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
En Fraijanes II, las autoridades rescataron a 28 guardias penitenciarios, varios de los cuales presentaban signos de deshidratación y fueron atendidos por cuerpos de socorro. Minutos antes, fuerzas especiales también lograron liberar a seis custodios retenidos en el penal de la zona 18, donde se recuperaron dos armas de fuego.
La operación en el penal Renovación I permitió además la neutralización del principal cabecilla del Barrio 18, conocido como alias “Lobo”, y la recuperación de armas que habían sido despojadas a los custodios durante el motín.
El ministro Villeda denunció que la toma simultánea de los centros penales respondió a un plan criminal coordinado, que incluía bloqueos de carreteras y actos de sabotaje contra infraestructura e información del sistema penitenciario, con el objetivo de generar caos y presionar al Estado.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en todo el país para desarticular a las estructuras criminales responsables de los hechos violentos.