Las anomalías detectadas en el proyecto habitacional Ciudad Marsella, ubicado en San Juan Opico, se extienden más allá del quartier 11 —donde al menos 20 viviendas resultaron afectadas por inundaciones tras las lluvias del sábado 10 de enero— y alcanzan ahora a los quartieres 12 y 13, donde también se habrían entregado casas con obras inconclusas, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Según explicó el titular de la cartera, Romeo Rodríguez, las inspecciones técnicas confirmaron que en estas zonas se entregaron viviendas sin que estuvieran finalizados componentes clave del proyecto, como calles, sistemas de drenaje y una laguna de laminación, infraestructura esencial para el manejo adecuado de aguas lluvias.
El ministro advirtió que el proyecto no está operando conforme al diseño originalmente aprobado, lo que ha provocado afectaciones incluso con precipitaciones de baja intensidad, especialmente en las áreas más bajas del complejo. Además, señaló que la construcción reciente de un muro habría obstaculizado el flujo natural del agua, agravando los problemas de drenaje que debieron resolverse mediante el sistema subterráneo contemplado en el diseño.
Ante estas irregularidades, el Ministerio de Vivienda solicitó a la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA) toda la documentación relacionada con permisos y planos aprobados, con el objetivo de verificar si la ejecución del proyecto se ajustó a lo autorizado y si cumple con los estándares técnicos y legales.
Rodríguez afirmó que la empresa Salazar Romero deberá asumir la totalidad de los daños ocasionados y aseguró que instituciones como el Ministerio de Vivienda, el MOP y la Defensoría del Consumidor trabajan de manera coordinada para garantizar soluciones efectivas a las familias afectadas. “Aunque se trata de una obra privada, el Estado no se va a retirar hasta que haya respuestas concretas”, sostuvo.
En paralelo, el coordinador de Proyectos del Sistema de Vivienda, Erick Montoya, informó que ya se desplegó una cuadrilla técnica especializada para evaluar los daños estructurales en las viviendas y supervisar que las reparaciones sean ejecutadas correctamente por la constructora responsable.
Como parte de las medidas adoptadas, la ministra de Vivienda anunció el sábado por la noche la suspensión a nivel nacional de los permisos de construcción y parcelación para la empresa Salazar Romero y sus compañías asociadas, mientras avanzan las investigaciones. Posteriormente, la institución también confirmó la suspensión por negligencia de la empresa Global Developers, vinculada al mismo grupo, en el marco de los procesos administrativos y técnicos en curso.