Una corte de apelaciones revocó este lunes la orden de un juez que preservó el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 300,000 inmigrantes de cuatro países, por lo que ahora la Administración Trump tiene las puertas abiertas para solicitar que sean deportadas.
En un voto dividido, el panel de tres jueces consideró que un juez federal de California se excedió al extender la protección temporal, que le otorgaba permisos temporales de trabajo a inmigrantes de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua.
La decisión le da al Departamento de Seguridad Nacional «discreción total e irreversible» acerca de la aplicación del TPS.
Además, el panel concluyó que los inmigrantes, algunos de los cuales han vivido por más de una década en Estados Unidos, no aportaron evidencia suficiente de que la decisión de ser deportados tenía intenciones racistas.
Aprobado por el Congreso en la década de los 1990, el TPS protege de la deportación y permite vivir y trabajar en el país a inmigrantes indocumentados cuyos países de origen se vieron afectados por conflictos civiles o desastres naturales.
Según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), con este programa se benefician 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, entre otros.
Cabe destacar que este fallo no significa que el TPS termina de inmediato, pues en una declaración de 2019, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) dijo que si prevalecía en su impugnación de la orden judicial preliminar, la terminación para Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán entrará en vigencia no antes de los 120 días de un mandato de la corte de apelaciones.
Y la terminación del TPS para El Salvador entraría en vigencia no antes de los 365 días de una resolución. No obstante, aún no está claro si esos 365 días adicionales incluyen la extensión de sus permisos de trabajo.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el estatus a casi 200,000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60,000 haitianos amparados con este beneficio, 5,000 nicaragüenses y 56,000 hondureños.
POR AGENCIAS