Un tribunal peruano condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión por cohecho pasivo propio, tras comprobar que recibió sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La sentencia lo convierte en el cuarto exmandatario peruano sentenciado por corrupción.
Vizcarra fue hallado culpable en dos casos:
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Proyecto ‘Lomas de Ilo’: 6 años de prisión.
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Proyecto ‘Hospital de Moquegua’: 8 años de prisión adicionales.
Además, el tribunal ordenó 9 años de inhabilitación política y el pago de una multa de 94,900 soles (aproximadamente $25,800).
Lo singular del caso es que Vizcarra llegó a la presidencia con un discurso anticorrupción, incluso disolviendo el Congreso en 2019 por esta causa, pero fue destituido en 2020 por presuntos actos irregulares durante su gestión regional, pese a la falta de pruebas concluyentes en ese momento.
Con Vizcarra, seis exmandatarios peruanos han enfrentado procesos judiciales por corrupción:
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Alberto Fujimori (1990-2000): condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad; liberado en 2023 por indulto humanitario.
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Alejandro Toledo (2001-2006): extraditado desde EE.UU., condenado en 2024 a 20 años y 6 meses por sobornos de Odebrecht.
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Alan García (1985-1990 y 2006-2011): investigado por corrupción, se suicidó en 2019 antes de ser arrestado.
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Ollanta Humala (2011-2016): condenado en 2025 a 15 años por lavado de activos vinculado a financiamiento ilícito.
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Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): arresto domiciliario desde 2019 por pagos de Odebrecht.
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Pedro Castillo (2021-2022): en prisión preventiva por cargos de rebelión y abuso de autoridad; Fiscalía pide 34 años de cárcel.
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Dina Boluarte (2022-2025): investigada por el caso Rolexgate y las muertes en protestas; aún no procesada formalmente.
En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) es el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción, tras liderar un gobierno de transición con amplia aprobación social.
De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, Perú enfrenta un panorama político fragmentado: 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales, mientras la corrupción sigue siendo un tema central y la ciudadanía encara un nuevo ciclo electoral con la democracia debilitada.