La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa emitió este viernes dictamen favorable al proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, que amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones financieras.
Entre las novedades, la propuesta incorpora como sujetos obligados a los proveedores de activos digitales y de bitcoin, así como a los partidos políticos, que ocupan el noveno y décimo lugar de la lista respectivamente. En total, la normativa establece 10 categorías de sujetos obligados, quienes deberán registrarse en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía y cumplir con medidas de prevención como planes antilavado y sistemas de gestión de riesgos.
El proyecto responde a los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyen adecuar la normativa nacional a la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre detección de operaciones ilícitas en nuevos productos financieros y activos virtuales.
La propuesta retomada proviene de un dictamen aprobado en diciembre de 2023, pero introduce cambios en la lista de sujetos obligados: excluye a sociedades mercantiles, inversionistas privados, importadores agropecuarios, constructoras, agencias de viajes, ONG y gremiales, entre otros.
Con la nueva redacción, también se redefine el alcance para abogados, contadores y auditores, quienes solo estarán sujetos a la ley cuando realicen operaciones vinculadas con compra o venta de inmuebles, manejo de cuentas o creación de sociedades.
El dictamen será sometido al pleno legislativo en los próximos días para su aprobación.