Tras la negativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de entregar información sobre todos los gastos realizados en el contexto de la pandemia del COVID-19, la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha enviado una carta al presidente de la República, Nayib Bukele, para que gire instrucciones al ministro Pablo Anliker de que permita realizar las auditorías.
“La dirección de auditoría ha solicitado de forma reiterada la colaboración de dicha cartera de Estado para efectuar el mencionado examen, recibiendo respuestas negativas según se evidencia en la nota C/DM/169.07.2020, que literalmente manifiesta: <<No podemos apoyar a la Corte de Cuentas de la República en sus funciones de auditoría>>”, reza parte de una carta enviada a la Asamblea Legislativa, misma en la que se informa de la misiva remitida al mandatario salvadoreño.
La CCR tiene un plan para realizar tres auditorías al MAG, estas son referentes a: la entrega de paquetes agrícolas, el proceso de compra y distribución de los paquetes alimentarios por la pandemia y el uso de $23 millones del presupuesto del Ministerio.
Los paquetes agrícolas son los únicos que han logrado ser estudiados, encontrando, preliminarmente, 10 hallazgos/irregularidades.
Sin embargo, la institución hace ver que desde el 22 de mayo han querido iniciar las demás auditorías pero este solo ha estado solicitando prorrogas: “Al cierre de esta nota, la instalación del Equipo de Auditores no ha sido posible, debido a que, a solicitud de dicho titular (Anliker) el día 04 de junio del presente año se concedieron 15 días hábiles de prórroga; posteriormente se solicitaron dos prórrogas adicionales: una de 21 días, solicitada el 22 de junio, y la última requerida el 6 de julio, sin especificar el tiempo, pero no le fue concedida”.
Ante estas situaciones, la Corte de Cuentas consideró que el MAG ha “caído en una actitud contraria al sometimiento que todas las instituciones del sector público deben guardar respecto al Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la facultad de acceso irrestricto a la información por parte de esta Corte, conforme lo establecen el artículo 195 de la Constitución y artículo 3, 5, numeral 16, 21, 22, 45 y 103 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y demás disposiciones aplicables”.
En ese sentido, los magistrados explicaron que el 11 de agosto enviaron nota al “Señor Presidente de la República, informando lo expuesto anteriormente en cumplimiento al artículo 195, atribución 7ª. de la Constitución de la República, a fin de solicitarle su valiosa intervención para que gire instrucciones al señor ministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliker Infante, que proporcione a este Ente Superior de Control la colaboración necesaria”.
Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno salvadoreño había gastado hasta el mes de mayo, $625 millones en la emergencia por el COVID-19, fondos cruzados en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID). Según el informe de Hacienda, el MAG es la segunda entidad que más fondos había recibido a finales de mayo: $79.8 millones.
MAG, el punto central de discordia para que diputados asignen al presupuesto fondos del BID
En los últimos días, los diputados han estado discutiendo la asignación de los $250 millones del BID, para lo que los ministros de Hacienda, Agricultura y Salud han asistido a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en el rubro de Agricultura se han detectado inconsistencias y faltas de explicación o informes, por lo que ha entrampada la votación, pues parte de los $250 millones serán para esa cartera de Estado ($40 millones).
Algunas de las irregularidades especificas que han mencionado los diputados son: el Ministerio de Agricultura ha realizado adquisiciones y compras por $273 millones teniendo un ingreso menor de junio de 2019 a mayo de 2020, es decir de $91.3 millones (dato fue publicado en la página 93 de la memoria de labores de esa cartera de Estado); gasto de dinero de salarios para hacer compras directas; denuncias de la población de que se han repartido paquetes agrícolas con fines políticos, entre otros.