En las últimas horas se conoció que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió dos investigaciones preliminares por dos polémicos casos revelados hace unas semanas: crédito de BANDESAL a una hermana de la jefa del gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, y venta de mascarillas al ministerio de Salud por parte de una empresa vinculada al diputado disidente de ARENA, Gustavo Escalante.
Susana Elizabeth Recinos Montes (hermana de Carolina Recinos) ganó el contrato para operar la cafetería interna del Ministerio de Hacienda con un crédito otorgado por BANDESAL, pese a que el Comité de Créditos consideró que la petición generaba un conflicto con las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), así lo reveló el 25 de junio el periódico digital El Faro.
Susana Recinos Montes no solo es hermana de la jefa del gabinete de Gobierno de Nayib Bukele, sino también de Herbert Recinos Montes, quien se desempeña como Gerente de Fondeo y Cooperación de Bandesal.
Ante esto esto, ALAC-FUNDE realizó una denuncia contra Herbert Recinos Montes, quien habría transgredido el deber ético regulado en el artículo 5, literal C, de la Ley de Ética Gubernamental. El lunes el TEG confirmó que se abrió una investigación preliminar.
El mismo día que se reveló la información, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, no lo negó y lo justificó así: “No lo pidió para gastos personales, no lo pidió para comprar vivienda, no lo pidió para comprar vehículo. Lo pidió para ir a poner un negocio, absolutamente válido dentro de las políticas en los reglamentos de Bandesal, es una ciudadana más, es un honor respaldar a una mujer luchadora”. Sin embargo, el Comité de Créditos consideró lo contrario antes de aprobar el crédito, puesto que la petición generaba un conflicto con las normas de la SSF y con un manual para prevenir el lavado de dinero y activos.
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Compra de mascarillas a empresa de Escalante y su familia
El pasado 25 de junio, El Faro también reveló que el Ministerio de Salud pagó $344,000 por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, empresa fundada por el diputado Gustavo Escalante y dirigida por él y su hermano Manuel José. La Constitución de la República prohíbe a los diputados ser contratistas de servicios u obras pagadas con fondos del Estado.
El contrato, fechado el 20 de marzo, fijó el precio al por mayor de las mascarillas en 43 centavos de dólar, $0.17 más del precio autorizado en aquel momento por el Gobierno central.
Tanto su hermano como el parlamentario sostienen que no hay violentado la ley, porque Escalante “cedió las acciones a un pariente, quizá desde hace año y medio no tiene nada que ver con la empresa”. Sin embargo, de acuerdo a registros legales obtenido por El Faro, hasta el 23 de junio Gustavo Escalante aún aparecía en su cargo.
Ante esto, miembros del partido Nuestro Tiempo lo denunciaron ante el TEG y este martes confirmaron que la institución ha iniciado una investigación preliminar por posible “conflicto de interés”.
