El Salvador ha dado un paso importante para atraer inversiones extranjeras de alto valor con la aprobación, ayer, de un nuevo marco legal que busca dinamizar la economía del país. La ley, presentada por el Ejecutivo, establece incentivos fiscales para las inversiones que superen los $2,000 millones, en un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico, generar empleo y promover la exportación de bienes y servicios.
Entre los principales beneficios que ofrece la ley se encuentra la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las operaciones económicas vinculadas a nuevos proyectos de inversión con un valor igual o superior a los $2,000 millones. Lo mismo aplica para las transacciones realizadas por empresas cuyos propietarios o representantes tengan un patrimonio de igual o mayor valor.
El dictamen 114, emitido por la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, detalla que el propósito de esta normativa es atraer inversiones que contribuyan al desarrollo económico del país. En palabras del diputado William Soriano, quien presentó el dictamen, el objetivo es transformar la productividad de El Salvador mediante la creación de nuevas actividades económicas que generen empleos y fomenten las exportaciones.
Este régimen de incentivos fiscales incluye también exoneraciones en otras áreas:
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Exoneración de retenciones en la fuente del ISR.
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Exoneración del Impuesto por Transferencia de Bienes Raíces (ITBIS) en la compra de inmuebles donde se desarrollarán las nuevas inversiones.
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Exoneración de impuestos municipales sobre el activo neto y de los Derechos Arancelarios a la Importación de maquinaria y equipos necesarios para la actividad comercial.
La ley fue aprobada con el respaldo de 56 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PDC y PCN. Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz de Vamos votó en contra, argumentando que la ley podría generar un crecimiento económico desigual, promoviendo inversiones que no garantizan un verdadero beneficio a la mayoría de la población. “Empleos no se generan por decreto”, afirmó la legisladora, expresando sus reservas sobre el impacto social de la medida.
Por otro lado, los diputados de ARENA se abstuvieron de emitir su voto durante la sesión.
Este nuevo marco legal refuerza la estrategia del gobierno para atraer inversiones extranjeras de gran escala que puedan transformar la economía salvadoreña, posicionando al país como un destino clave para las inversiones de alto impacto.
