Diversas voces nacionales e internacionales han expresado su preocupación tras la reciente ratificación de reformas a la Constitución por parte de la Asamblea Legislativa, las cuales habilitan la reelección presidencial indefinida.

Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló a través de su cuenta en la red social X que la reforma es incompatible con principios democráticos. “La opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre reelección presidencial indefinida es clara: es incompatible con la democracia. Casos como Venezuela y Nicaragua lo demuestran”, escribió. Además, advirtió que el gobierno salvadoreño “está clavando el último clavo en el ataúd de la democracia”.

A nivel local, también se pronunciaron actores políticos y sociales. El columnista Paolo Lüers, firmante del proceso de tregua con pandillas en el pasado, cuestionó duramente a los diputados que promovieron la reforma: “Algún día entrarán con pruebas a un tribunal de justicia. Traidores a la patria”, afirmó en su cuenta de X.

Desde Guatemala, la organización Cristosal —que recientemente trasladó sus operaciones fuera del país, reiteró su postura: “Lo dijimos antes y lo reafirmamos hoy: este es el tiro de gracia para la democracia salvadoreña”.

El excandidato presidencial Luis Parada, por su parte, citó los artículos 87 y 88 de la Constitución para defender la “insurrección” como mecanismo legítimo ante lo que calificó como una ruptura del orden constitucional. “El único fin es destituir a los funcionarios transgresores y restablecer el orden Constitucional”, expresó.

En la misma línea, Héctor Silva Ávalos, exfuncionario vinculado al FMLN, escribió: “El imperio ya ganó. Hoy toca armar la resistencia”.

Las reacciones surgen tras la aprobación de una serie de reformas que, entre otros cambios, eliminan los límites a la reelección presidencial y extienden el periodo presidencial de cinco a seis años. Mientras sectores oficialistas defienden que la decisión se enmarca en la voluntad popular, críticos advierten que representa un grave retroceso democrático.

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