En la última fase del juicio conocido como “Rais-Martínez”, el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, afirmó que durante su gestión no cometió delitos ni encubrió hechos delictivos. Durante su declaración final ante el tribunal, Martínez reiteró que no existe evidencia que sustente las acusaciones en su contra.
“No hay ninguna prueba que demuestre mi responsabilidad penal ni que haya existido fraude procesal alguno. Todo ha sido una construcción sin fundamentos”, expresó el exfiscal, al hacer uso de su derecho a la última palabra.
Martínez enfrenta cargos por omisión en la investigación de delitos y por la presunta revelación de información confidencial, delito que la Fiscalía ha solicitado reclasificar como fraude procesal. El Ministerio Público lo señala de haber favorecido al empresario Enrique Rais mediante el uso de supuestas pruebas falsas, en un proceso que involucraba al abogado Mario Calderón y su esposa, quienes forman parte de la parte querellante.
Según la acusación, el exfiscal y otros funcionarios manipularon información para proteger a Rais, sin embargo, Martínez negó categóricamente haber tenido conocimiento o participación en los hechos que se le imputan. “No fui parte de ninguna fabricación de pruebas ni supe que eso estaba ocurriendo”, aseguró.
En su intervención, también defendió la legalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas bajo su administración, señalando que se ejecutaron bajo autorización judicial y conforme a la legislación vigente.
«Las escuchas fueron autorizadas conforme a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y se enmarcaron dentro de los límites legales del artículo 24 de la Constitución», subrayó.
El juicio, que incluye también a otros exfuncionarios de la Fiscalía, concluyó formalmente anoche. Junto a Martínez, son procesados el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza González, acusado de actos arbitrarios, y el abogado Francisco Grimaldi, señalado de fraude procesal. La Fiscalía ha solicitado condenas de 15 años de prisión para Martínez, 10 años para Arriaza y 20 años para Grimaldi, además de una responsabilidad civil de $800,000.
Por el momento, Martínez y Arriaza seguirán bajo arresto domiciliario, mientras que Grimaldi tiene restricciones de movilidad supervisadas por la Policía Nacional Civil.
El veredicto del tribunal se dará a conocer el próximo 22 de agosto a las 10:00 de la mañana.