El proceso judicial contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, y los abogados Héctor Francisco Grimaldi y Julio Adalberto Arriaza, ha entrado en su recta final con la presentación de los alegatos de cierre ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que los tres procesados reciban la pena máxima por los delitos que se les atribuyen, mientras que las defensas han insistido en la inocencia de sus representados, argumentando que no existen pruebas contundentes que acrediten los hechos imputados.
#VistaPública I Este día, se tiene previsto que finalice el juicio contra Luis Martínez, exfiscal General, Julio Adalberto Arriaza González y Héctor Francisco Grimaldi, acusados fabricar procesos contra una víctima en el 2016.
Los delitos que se les imputan son:
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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 15, 2025
Durante más de un mes de vista pública, el ministerio público presentó 26 testigos, documentos y pruebas periciales que, según sus fiscales, demuestran la participación del exfiscal Martínez en la omisión de deberes en la investigación de casos clave, así como en la divulgación indebida de información confidencial. En este último punto, la Fiscalía ha pedido que dicho cargo sea reclasificado como fraude procesal.
El caso se origina en una presunta estrategia para favorecer al empresario Enrique Rais, para lo cual se habrían fabricado pruebas en contra de Claudia María Herrera, esposa del abogado Mario Calderón, quien actualmente ejerce como querellante en el proceso. Según la acusación, estas acciones habrían contado con el respaldo de exjueces de paz y personal forense, quienes habrían colaborado para legitimar los expedientes manipulados.
Julio Adalberto Arriaza, exdirector de Intereses de la Sociedad de la FGR, enfrenta cargos por actos arbitrarios, mientras que a Grimaldi se le procesa por fraude procesal. Ambos habrían tenido un papel clave en la presunta operación de fabricación de pruebas.
El caso, que comenzó en el Juzgado Séptimo de Paz en agosto de 2016, podría culminar con una sentencia en los próximos días. El tribunal valorará si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para establecer responsabilidad penal o si, como sostienen los abogados defensores, los acusados deben ser absueltos por falta de evidencia concluyente.