El Senado estadounidense aprobó recientemente una nueva ley presupuestaria apodada por el expresidente Donald Trump como “la gran y hermosa ley”, la cual establece una serie de tarifas migratorias que impactarán directamente a extranjeros que soliciten beneficios o enfrenten procesos migratorios en el país.
La legislación contempla 16 secciones que incluyen 27 tarifas específicas, las cuales podrán ser aplicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ajustadas anualmente con base en la inflación. Algunas de estas tarifas irán destinadas al Fondo General del Tesoro, mientras que otras serán asignadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente a su Oficina de Detención y Deportación.
Tarifas destacadas:
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Solicitud de asilo: $100.
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Autorizaciones de empleo (EAD): $550 para solicitantes de asilo, personas bajo libertad condicional o beneficiarios de TPS; las renovaciones costarán $275.
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Libertad condicional (parole): $1,000. Se contemplan excepciones por razones médicas urgentes o familiares.
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Estatus de Protección Temporal (TPS): $500 por solicitud inicial; la renovación del permiso de trabajo costará $275.
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Tarifa especial para menores inmigrantes: $250.
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Solicitud de ajuste de estatus a residente legal: $1,500.
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Exención por causas de inadmisibilidad: $1,050.
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Apelaciones migratorias: entre $900 y $1,325, según el tipo de recurso.
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Cancelación o suspensión de deportación: $600 para residentes legales y $1,500 para residentes temporales.
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Formulario I-94 (registro de entrada y salida): $24.
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Sistema electrónico de autorización de viaje (ESTA): mínimo $10.
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Actualización electrónica de visa: $30.
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Tarifa por orden de deportación en ausencia: $5,000. Aplica a quienes fueron arrestados luego de ignorar su audiencia.
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Tarifa por ingreso irregular entre puertos: $5,000, aplicable a extranjeros inadmisibles capturados en la frontera.
Las autoridades estadounidenses indicaron que las tarifas no serán sujetas a exenciones ni reducciones, y podrán ser redefinidas vía reglamento por el DHS. Esta reforma marca un endurecimiento en el sistema de costos migratorios y refuerza las herramientas de control del ICE sobre procesos de detención y deportación.