La jurista italiana y relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha recibido un amplio respaldo en Italia tras las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Más de 83,500 personas han firmado una petición en línea solicitando que se le conceda el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su trabajo y firme postura frente a la situación en Gaza.
La campaña, que también exige su protección diplomática, denuncia que Albanese es víctima de una ofensiva mediática orquestada —según los promotores— por sectores vinculados al Gobierno israelí. La relatora ha sido objeto de ataques públicos y anuncios pagados que buscan desacreditar su trabajo, especialmente tras calificar como “genocidio” las acciones del ejército israelí en Gaza y señalar la complicidad de potencias occidentales.
Los impulsores de la petición han dirigido su solicitud al presidente de la República, Sergio Mattarella, a la primera ministra, Giorgia Meloni, y al Parlamento italiano, subrayando que “las instituciones tienen el deber moral de defender a quienes denuncian violaciones de derechos humanos”.
El mundo artístico, académico y cultural italiano también ha manifestado su apoyo. Más de 80 figuras públicas, entre ellas actores como Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Claudio Santamaria y músicos como Marracash y Francesca Michielin, firmaron una carta abierta organizada por el colectivo Tlon, en la que advierten: “El silencio sobre Gaza es complicidad”.
Por su parte, Albanese ha reafirmado que no cederá ante las presiones y calificó las sanciones de Washington como “una respuesta lamentable” a su reciente informe, en el cual señala a 45 empresas —incluidas Google, Amazon, Microsoft e IBM— por lucrarse a costa del sufrimiento de la población palestina.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las sanciones asegurando que Albanese “ha mostrado antisemitismo, apoyo al terrorismo y desprecio por Occidente”. Sin embargo, organismos como la ONU y Amnistía Internacional han condenado la decisión, calificándola como un “precedente peligroso” y una acción “vergonzosa y vengativa” que atenta contra la independencia de los mecanismos de derechos humanos.