La violencia ejercida por pandillas en Haití sigue intensificándose, afectando gravemente la estabilidad política y social del país, que desde 2024 vive una profunda crisis tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry luego de un asalto coordinado por grupos criminales. El gobierno actual está a cargo de un débil consejo de transición que debe organizar elecciones previstas para febrero de 2026, las primeras desde 2016.
Durante una sesión del Consejo de Seguridad, Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, advirtió sobre la erosión de la autoridad estatal y el impacto de la violencia de pandillas en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
A pesar de los esfuerzos de la policía nacional y la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, la restauración del control estatal ha sido insuficiente. Según datos recientes, los grupos armados controlan ya el 90 % de Puerto Príncipe, expandiéndose además hacia rutas clave y zonas fronterizas.
Ghada Waly, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señaló que las pandillas están estableciendo estructuras paralelas de gobernanza y ofreciendo servicios básicos rudimentarios en el vacío dejado por el Estado. Además, alertó sobre informes inquietantes relacionados con tráfico de personas para extracción de órganos, vinculando centros médicos en Petion-Ville y el norte del país.
Jenca hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para intervenir, destacando que las acciones ahora son menos costosas y complejas que en caso de un colapso total del Estado. Esto está en línea con la propuesta del secretario general de la ONU de establecer una misión de apoyo logístico para las fuerzas lideradas por Kenia.
Haití, el país más pobre de América, enfrenta una escalada de violencia y una crisis humanitaria que pone en riesgo la gobernabilidad y la seguridad de su población.