Un grupo de trabajadores inmigrantes, apoyados por organizaciones defensoras de derechos civiles, interpuso una demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump, denunciando violaciones constitucionales durante las redadas migratorias que se han realizado desde junio en el área metropolitana de Los Ángeles.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Centro de California, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de detener arbitrariamente a personas basándose en su color de piel, mantenerlos en condiciones precarias y negarles acceso a representación legal. El documento, de 63 páginas, detalla que estas acciones forman parte de una política para cumplir cuotas de arrestos sin justificación legal, y violan las garantías de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Cinco trabajadores detenidos, junto a organizaciones como la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), CHIRLA y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes, exigen medidas cautelares y permanentes para detener las redadas y proteger los derechos de los afectados en siete condados.
Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU Sur de California, calificó la demanda como “histórica” y denunció que desde junio agentes han irrumpido con violencia en comunidades de color, generando temor y vulnerando derechos fundamentales.
El caso se origina tras un operativo ocurrido el 22 de junio en un lavadero de autos en Torrance, donde videos virales mostraron la entrada violenta de agentes de la Patrulla Fronteriza. Testigos aseguran que los detenidos fueron tratados sin dignidad, y familiares denuncian la falta de información sobre su paradero.
Mark Rosenbaum, representante legal de Public Counsel, señaló que los detenidos han sido trasladados a instalaciones con condiciones similares a prisiones, sin acceso adecuado a alimentos, atención médica o higiene, y aseguró que la demanda busca detener estas prácticas discriminatorias.
Las organizaciones demandantes piden la suspensión inmediata de las redadas y el acceso garantizado a asesoría legal para los detenidos. Aunque el Departamento de Justicia fue notificado, no respondió de inmediato debido al receso por el Día de la Independencia.
“La Constitución no se toma vacaciones”, enfatizó Rosenbaum, quien reafirmó que la acción legal pretende proteger a los trabajadores inmigrantes de arrestos arbitrarios y la negación de sus derechos.