Un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Desarrollo Local ante la Asamblea Legislativa propone reemplazar la actual Ley de Desarrollo y Protección Social, vigente desde 2014, y eliminar de la normativa cualquier mención explícita a la inclusión y a la desigualdad de género.
La iniciativa fue ingresada oficialmente el jueves pasado a través de una carta firmada por la ministra María Ofelia Navarrete, fechada el 19 de junio. Fue analizada el lunes 23 por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
De aprobarse, la nueva legislación derogaría el decreto 647 que dio origen a la actual ley y modificaría varios enfoques clave de la política social del Estado. Entre los cambios más notables está la supresión de artículos que reconocen la desigualdad de género como un factor estructural y que impulsaban medidas para reducirla.
Por ejemplo, el artículo 3 de la ley vigente establece como objetivo “avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”, mientras que el artículo 10 incluye un componente de “inclusión social” que contempla la eliminación de brechas por edad, sexo, religión, identidad indígena, género, discapacidad y nacionalidad. Estos apartados han sido omitidos en el nuevo texto.
Aunque el nuevo proyecto incorpora un principio de “no discriminación” en su artículo 3, no se hace mención específica a la paridad de género ni a la inclusión como enfoque estructural. También sustituye el “Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social” por un “Plan de Desarrollo y Protección Social”, excluyendo el componente de inclusión como uno de sus pilares estratégicos.
Además, desaparece el mandato de procurar paridad de género en la conformación de instancias técnicas, como estaba contemplado en el artículo 45 de la legislación vigente.
El proyecto contempla la creación de una Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), que tendrá a su cargo el nuevo Registro Social para administrar la información de los beneficiarios de programas estatales.
Este cambio legislativo se produce en un contexto donde el gobierno ha manifestado una postura firme contra lo que califica como “ideologías de género”. A inicios de 2024, el presidente Nayib Bukele expresó que estas no tienen cabida en el sistema educativo nacional, apostando en su lugar por contenidos “tradicionales” como la moral y el civismo.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido en el pasado sobre retrocesos en políticas públicas con enfoque de género. La nueva propuesta de ley podría alimentar estos señalamientos, al suprimir herramientas legales que priorizaban la equidad entre hombres y mujeres y la atención a poblaciones históricamente excluidas.