La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió parcialmente una demanda de hábeas corpus presentada en favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya, por posibles vulneraciones a sus derechos a la salud y a la defensa durante su detención.
Según la resolución, notificada a la defensa el pasado 20 de junio, el tribunal rechazó los alegatos relacionados con privación ilegal de libertad y detención administrativa prolongada. No obstante, resolvió dar trámite a los señalamientos sobre violaciones a derechos fundamentales en el proceso de detención y custodia.
En consecuencia, la Sala ordenó la emisión de un auto de exhibición personal y designó como juez ejecutor a Harold Iván Córdova Solís, quien deberá verificar las condiciones en las que se encuentra Anaya. Asimismo, se instruyó a requerir informes tanto al fiscal general de la República como al jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), con plazos de tres y quince días hábiles, respectivamente, para presentar sus respuestas.
Los hechos que sustentan el recurso señalan que Anaya fue detenido el 7 de junio con una orden de captura inicialmente presentada en formato digital, sin que se le informaran los hechos concretos que justificaban la imputación por lavado de dinero y activos.
Además, su defensa denunció que durante las primeras 48 horas no se reveló su ubicación ni se permitió acceso a medicamentos o artículos básicos, a pesar de requerimientos explícitos de sus familiares. Fue hasta el 9 de junio que se confirmó su permanencia en la División de Tránsito Terrestre.
La petición también expone que el abogado no recibió una atención médica adecuada. A pesar de solicitudes específicas para realizarle una ultrasonografía esquelética, esta fue denegada, y su traslado al Hospital Nacional Zacamil no fue debidamente notificado a sus representantes legales.
Con esta decisión, la Sala abre la vía para determinar si existieron irregularidades en el respeto a garantías constitucionales durante la detención de Anaya, quien ha sido un crítico activo del régimen de excepción vigente desde 2022.