La suerte de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que ha sido centro de una intensa batalla legal y política en Estados Unidos, sigue en suspenso, y su futuro inmediato se decidirá este miércoles, 25 de junio. La jueza federal Barbara Holmes, del Tribunal de Distrito de Tennessee, ha ordenado su liberación provisional, pero con la condición de que las partes involucradas presenten sus argumentos nuevamente en una audiencia programada para este miércoles.
Ábrego García, quien fue deportado erróneamente por la Administración de Donald Trump en marzo, regresó a Estados Unidos tras ser reinstalado por orden de un tribunal, luego de haber sido recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Enfrenta cargos federales de tráfico de personas, de los cuales se declaró no culpable hace más de una semana.
En su fallo, la jueza Holmes consideró que el gobierno no había logrado demostrar que Ábrego García representara un riesgo de fuga ni un peligro inminente para la comunidad, lo que permitió su liberación temporal mientras continúa el proceso judicial. “El Tribunal no puede concluir, a partir de la evidencia presentada, que la liberación de Ábrego represente un peligro irremediable para otras personas o para la comunidad”, indicó la magistrada.
Posible detención por ICE
A pesar de la decisión de la jueza, las autoridades federales podrían volver a detener a Ábrego García bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro cercano. Holmes, en su opinión, expresó que este escenario de detención podría ser inevitable, pero subrayó que su fallo se basa en el derecho a la presunción de inocencia y en la necesidad de una evaluación completa y justa del caso.
Ábrego García, de 29 años, había sido deportado a El Salvador en marzo de este año, a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión debido a temores de persecución. La defensa del migrante ha argumentado que los cargos de tráfico de personas fueron utilizados como una distracción para desviar la atención de las irregularidades en su proceso de deportación y la falta de un debido proceso.
Una disputa legal con tintes políticos
El caso de Ábrego García ha adquirido connotaciones políticas, especialmente debido a su asociación con la administración de Donald Trump, que lo ha acusado de estar vinculado a la pandilla MS-13, mientras que grupos proinmigrantes han defendido su derecho a un juicio justo y su falta de debido proceso en el proceso de deportación.
El migrante salvadoreño se enfrenta a acusaciones graves, que incluyen conspiración por transportar a personas extranjeras y por transporte ilegal de extranjeros indocumentados, tras haber sido arrestado en 2022 durante un control de tráfico cuando transportaba a nueve personas indocumentadas.
A pesar de la polémica que rodea el caso, tanto la fiscalía como la defensa coinciden en que es probable que Ábrego García permanezca bajo custodia, aunque aún queda por definir si se le permitirá o no seguir esperando el juicio fuera de prisión.