Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos que aumenta a entre 10 y 12 años la pena para quienes, con acceso legítimo a datos personales en centros de contacto, call centers y otros sistemas digitales, los utilicen de forma indebida para beneficio propio o de terceros.
La modificación al artículo 11, que tipifica el “fraude informático”, amplía el alcance de la ley, incluyendo no solo call centers sino también sistemas relacionados con la gestión de clientes, ventas, blockchain y subcontratación de servicios. Antes, la sanción por el uso no autorizado de bases de datos era de 6 a 10 años de prisión; ahora se eleva el rango a 10-12 años para quienes consulten, extraigan, manipulen o usen indebidamente dicha información en perjuicio de sus propietarios, controladores o procesadores.
La Cámara Americana de Comercio (AmCham) apoyó esta reforma y solicitó que se permita a las empresas procesadoras de datos actuar como víctimas en procesos penales, lo que facilitaría sancionar a empleados que cometan estos delitos, además de las medidas laborales como el despido.
La reforma fue respaldada por la bancada oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC. Las fracciones de oposición, ARENA y Vamos, no participaron en la votación.