Un tribunal laboral argentino suspendió este lunes de manera provisional los efectos de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el cual ampliaba la definición de servicios esenciales y restringía el ejercicio del derecho a huelga en el país.
La medida cautelar fue dictada por la jueza Moira Fullana, del fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, tras una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). El sindicato denunció que la norma presidencial vulneraba garantías constitucionales como la libertad sindical y el principio de división de poderes.
En su resolución, Fullana dejó sin efecto los artículos segundo y tercero del decreto hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Además, ratificó la competencia del fuero laboral para entender en el caso, rechazando el intento del Ejecutivo de trasladarlo al ámbito contencioso-administrativo.
“La controversia involucra de forma directa derechos sociales de raigambre constitucional”, señaló la jueza, quien también reconoció “la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta”.
El decreto en cuestión, promulgado en mayo, imponía la obligación de garantizar al menos un 75 % de funcionamiento en áreas como salud, educación, transporte y telecomunicaciones durante las huelgas, lo que fue interpretado por la CGT como un intento de limitar el derecho a la protesta.
La legislación laboral vigente en Argentina, sin embargo, establece que solo los servicios cuya interrupción represente un riesgo real para la vida o seguridad de la población pueden ser considerados esenciales.
La CGT celebró la decisión judicial como “una victoria para el movimiento obrero y para la institucionalidad democrática”, mientras el gobierno de Milei aún no ha emitido una respuesta oficial al fallo.