Durante su mensaje por el primer año de Gobierno en su segundo mandato, el presidente Nayib Bukele reiteró que El Salvador no dará marcha atrás en la política de seguridad impulsada desde 2022, especialmente en lo que respecta al régimen de excepción. El mandatario aseguró que los pandilleros no serán liberados y defendió que la suspensión de garantías constitucionales ha sido clave para reducir drásticamente la violencia en el país.
Desde la implementación del régimen, el Ejecutivo ha reportado más de 86,400 detenciones de presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales han documentado al menos 6,500 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal.
Bukele desestimó las críticas internacionales que señalan un retroceso democrático en El Salvador y afirmó que muchas de ellas responden a intereses externos contrarios a la soberanía del país. Señaló que quienes cuestionan el régimen buscan imponer una narrativa que favorece la impunidad de grupos criminales, y acusó a gobiernos extranjeros, ONG, medios de comunicación y organismos internacionales de promover agendas que, según él, solo han llevado a destrucción y dependencia en otros países.
El jefe de Estado mencionó un caso reciente que, a su juicio, ejemplifica las limitaciones impuestas por tratados internacionales: un menor detenido al inicio del régimen de excepción, liberado tras cumplir su condena en 2024, volvió a delinquir y asesinó a un expolicía en mayo de 2025. Bukele responsabilizó a las normas internacionales de derechos humanos por este crimen, al impedir que el sujeto fuera retenido por más tiempo.
En su intervención, también negó haber pactado con pandillas, criticó a medios nacionales e internacionales, y exhortó a la ciudadanía a no dejarse influenciar por lo que calificó como desinformación proveniente del exterior. “No vamos a permitir que nos arrebaten la paz conquistada”, afirmó.
Aunque en diciembre de 2024 Bukele había manifestado la posibilidad de flexibilizar las medidas extraordinarias, su discurso más reciente indica que el régimen de excepción seguirá vigente por tiempo indefinido. Esto ocurre pese a que la Conferencia Episcopal de El Salvador emitió recientemente una carta pastoral solicitando su eliminación por considerarlo innecesario.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que se están afinando los mecanismos para reducir el margen de error en las detenciones, que, según el vicepresidente Félix Ulloa, es inferior al 10 %. Sin embargo, sectores críticos continúan pidiendo el retorno al pleno respeto de los derechos constitucionales.