Diputados del partido FMLN presentaron este martes un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue un “posible cometimiento de delito” en el manejo de fondos públicos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los delitos que ellos señalan son: actos arbitrario, incumplimiento de deberes y malversación de fondos. El aviso se da tras conocerse que esta cartera de Estado modificó su partida presupuestaria sin conocimiento y autorización de la Asamblea Legislativa. Según la ley, los diputados son los que pueden autorizar estas reorientaciones.
El Ministerio de Hacienda ha enviado una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se realice una transferencia presupuestaria de $23 millones al MAG, ya que no cuentan más con esos fondos por la “reorientación” que ellos hicieron para comprar maíz a proveedores de Sinaloa, México, como parte del programa de canastas alimentarias que está entregando el Gobierno.
Según la solicitud, el MAG “reorientó temporalmente los fondos bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas, puesto que de no hacerlo, se generaría un desfinanciamiento crítico para cubrir remuneraciones y otros gastos indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios de ese ramo”.
“Tomó dinero de la partida de salarios y otros bienes y servicios, los cuales son asignados por presupuesto, que es una ley, por tanto es de obligatorio cumplimiento. Esas partidas presupuestarias fueron modificadas sin la autorización de la Asamblea Legislativa, fueron hechas de manera unilateral”, denunció este martes la diputada Yanci Urbina al salir de la FGR.
Al seno de la Comisión de Hacienda ha sido llamado el titular de Agricultura, Pablo Anliker, pero no ha asistido.
Ayer se reunieron los diputados de dicha Comisión y ahí Rodolfo Parker del PDC cuestionó la cantidad invertida en 33,000 toneladas de maíz, pues explicó que la tonelada se estima a un precio de 4,170 pesos mexicanos, lo que representa en dólares estadounidense cerca de 6 millones, lo que indicaría un “sobreprecio” en el producto.
La Comisión acordó citar nuevamente a Anliker; de no presentarse, los diputados remitirían el expediente a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
