La primera revisión del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador ha concluido con un compromiso clave: el país deberá garantizar la implementación efectiva de su nueva Ley Anticorrupción y reforzar la gobernanza y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cumplir con estos requisitos permitirá acceder a un desembolso de $120 millones por parte del organismo internacional.
El FMI reconoció avances en la agenda de reformas, especialmente en temas de transparencia y control institucional, pero insistió en la importancia de aplicar correctamente la ley aprobada el pasado 7 de febrero. Esta normativa exige a funcionarios y empleados públicos la presentación anual de informes de activos y pasivos, los cuales deberán ser publicados en un plazo de 15 días.
Además, el acuerdo destaca la necesidad de crear mecanismos más robustos de control, como el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) y el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), bajo la dirección de la Fiscalía General. También se contempla fortalecer la cooperación entre la Fiscalía y la Corte de Cuentas y someter a supervisión a sectores clave como abogados, notarios y auditores, según estándares internacionales.
De igual forma, el gobierno se comprometió a publicar a más tardar en marzo de 2025 la lista completa de personas adjudicatarias de contratos públicos, así como detalles de los contratos, y a limitar las excepciones que permiten adquisiciones sin competencia.
El FMI también exigió mayor transparencia en áreas como las finanzas del Estado, el uso de bitcoin y la operación de la billetera digital Chivo. Para ello, el Ejecutivo deberá presentar un Marco Fiscal de Mediano Plazo antes de octubre de 2025, publicar estados financieros auditados de Chivo en julio y trazar un plan para retirar el uso de fondos públicos en esa plataforma hacia finales de año.
Estas acciones buscan revertir retrocesos observados en años anteriores y fortalecer los pilares institucionales del país como parte de los compromisos adquiridos ante el FMI.