El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha revocado a la Universidad de Harvard su autorización para matricular estudiantes extranjeros, y ha dado 72 horas para entregar información sobre supuestas actividades violentas y protestas ilegales vinculadas a alumnos internacionales.
En una carta oficial, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, exigió a la universidad que proporcione material audiovisual de incidentes ocurridos dentro o fuera del campus en los últimos cinco años, específicamente relacionados con estudiantes con visas J1 y F.
El DHS acusa a Harvard de permitir comportamientos “antiestadounidenses y proterroristas” y de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos. Según el comunicado, si la institución no colabora, los estudiantes extranjeros actualmente matriculados deberán transferirse o perderán su estatus legal.
Esta medida se enmarca en un conflicto más amplio entre la administración Trump y varias universidades de élite, como Columbia y Princeton, a las que se acusa de fomentar el antisemitismo y restringir la “diversidad de ideas”. La disputa se intensificó tras las protestas propalestinas ocurridas el año pasado en Columbia, que se replicaron en otros campus del país.
Harvard había demandado previamente al Gobierno federal por congelar su financiación, alegando represalias políticas. Ahora, su capacidad de acoger a estudiantes internacionales pende de la entrega de información exigida por el DHS, en un contexto de creciente presión contra las universidades por parte del Grupo de Trabajo Federal contra el Antisemitismo, impulsado por Trump.